En su informe dado a la opinión pública, el general dio un parte de acciones contra el crimen organizado y de reducción de actividades delictivas

En el Comando de la Policía Departamental del Meta hizo presencia el general Óscar Atehortúa Duque, comandante de la Policía Nacional, con el fin de dar información relacionada con reducción de acciones criminales y operativos contra organizaciones delincuenciales.

De acuerdo con el general Atehortúa, desde el pasado 5 de junio, un total de veinte operaciones contra los delitos de mayor impacto (hurto, extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio, entre otros) se han estado realizando. La consecuencia de lo anterior ha sido la captura de 93 personas. Igualmente, gracias a controles permanentes, han sido capturadas 643 personas por la comisión de varios delitos en el Meta.

En cuanto a operativos,  se destaca la desarticulación en Villavicencio de la banda "Los Cerveceros" y la captura de alias "Perra Flaca", su presunto líder. A juicio de la Policía, esta banda es acusada de realizar secuestros y atracos a camiones de cerveza cerca de Villavicencio, Acacías, San Martín y Granada; lo cual les habría generado ganancias no menores a 500 millones de pesos desde 2017.

Se destaca que en el municipio metense de La Macarena "se haya afectado" a las disidencias del Frente 7 de las FARC con la captura de seis personas y su cabecilla alias "Caqueteño" o "Armando Trampas". "Su accionar delictivo se centraba en la exigencia del 10% del valor de los contratos ejecutados por la venta de fincas en esta región del país, del 15% a los promotores de turismo, con base en el número de clientes, y el cobro de millonarias sumas de dinero a entidades a cargo del sector del turismo" dijo el general Atehortúa..

En Villavicencio se reportó la captura de seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como "Los del Parche", quienes estarían comprometidos con varios hurtos a personas y residencias en los barrios Villa Suárez, Malvinas, Calamar, Topacio y Madrigal. Estos sujetos empleaban armas de fuego y armas blancas para intimidar a sus víctimas.

En cuanto a cifras, el general Atehortúa dijo que, en cuanto al homicidio, éste "la logrado una disminución significativa del 29% respecto del año anterior y también la reducción general del 23% de los delitos que afectan la seguridad ciudadana entre los que figuran las lesiones personales y el hurto en todas sus modalidades en este 2019 frente al 2018".

En el departamento del Meta, las cifras preliminares de la Policía Nacional arrojan reducciones en el homicidio (-3 %), el secuestro (-100 %), la extorsión (-20 %), el terrorismo (-54 %) y una disminución general del 6% en los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

El organismo de control abrió indagación preliminar por irregularidades en costo y calidad de útiles escolares entregados en bonos educativos

Una denuncia sobre presuntas irregularidades en relación a la calidad y costo de los implementos y útiles escolares entregados por una conocida papelería local a través de los bonos educativos adjudicados por la Caja de Compensación Familiar (Comcaja), dio lugar a que la Contraloría General de la República determinará tres hallazgos administrativos, uno de ellos con solicitud de apertura de indagación preliminar.

Asimismo, otros dos hallazgos tienen presunto alcance disciplinario y serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación.

"Por los hallazgos determinados en la atención de la denuncia, se dará inicio a las investigaciones pertinentes con el fin de definir y resarcir el presunto daño ocasionado al patrimonio público" precisó la Gerencia Departamental de la CGR en Guaviare.

Por falsedad en documento público fue destituido e inhabilitado el alcalde de Cumaral Miguel Antonio Caro Blanco. Según el Ministerio Público, mientras supuestamente estaba ausente en Europa, habría firmado contratos, resoluciones y otros actos administrativos

Nelson Rodríguez Balaguera, Procurador Provincial de Villavicencio, decidió en primera instancia inhbailitar y destituir por diez años al alcalde del municipio metense de Cumaral, Miguel Antonio Caro Blanco, por la presunta comisión de falsedad ideológica en documento público y demás.

Según el procurador Rodríguez Balaguera, aparecen firmados en las mismas fechas que estuvo por fuera del país contratos, resoluciones y otros actos administrativos.

En decisión de primera instancia el Ministerio Público decidió suspender al ex gobernador del Meta por cuatro meses. 

En el marco del juicio disciplinario que le adelanta la Procuraduría General de la Nación, el ente de control en primera instancia ha decidido sancionar al ex gobernador del Meta, Alan Jara Urzola con cuatro meses de suspensión. En el mismo fallo, sin embargo, absolvió al ex secretario de Hacienda, Jairo Iván Frías Carreño y a Óscar Arnulfo Lozano Ramos, ex gerente de Tesorería.

Recordemos que el juicio disciplinario en mención es porque supuestamente, según denuncias conocidas por la Procuraduría, el ex gobernador Jara otorgó aval en el pago de un crédito de $10.705' millones adquirido por Llanopetrol más otros $268 millones de intereses, sin que existiera un contrato entre la mencionada empresa petrolera y la Gobernación ni otro soporte para dicho pago.

La defensa del ex gobernador Jara apeló la decisión por lo que será la misma Procuraduría la que estudie dicha solicitud.

El Ministerio Público inició dicho acto por presuntas irregularidades en la vigilancia y control de la prestación del servicio de salud en los meses de enero y febrero de 2019

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al alcalde de Cumaribo, Vichada, Wagner Cuéllar Brasil (2016 – 2019), por presuntas irregularidades en la vigilancia y control de la prestación del servicio de salud entre los meses de enero y febrero de lo corrido del año.

De acuerdo con la indagación de la Procuraduría Regional de Vichada, el alcalde Cuéllar "no habría estado al tanto de dar continuidad de los contratos suscritos con las entidades prestadoras del servicio en el municipio, lo que ocasionó que durante esos dos meses no se contrataran, aparentemente, los servicios de salud".

El Ministerio Público revisará los diferentes contratos firmados con la EPS que venía prestando el servicio, junto con los soportes y demás documentos que permitan establecer cuál fue la gestión realizada por la administración municipal para garantizar el servicio.