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La sanción al ex alcalde del municipio metense es por dieciséis años. Igualmente ésta cubre a Jeremías Roa González, secretario de Gobierno en la época de los hechos


La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por dieciséis años a Jorge Iván Duque Lenis, alcalde del municipio metense de Mapiripán entre 2012 y 2015 y al entonces secretario de Gobierno, Jhon Jeremías Roa González, por sobrecostos en la compra de una camioneta y diez motocicletas, que ascendieron a $476.427.324.

El ente de control demostró que en el Contrato 077 del 8 de julio de 2015, suscrito para comprar una camioneta 4x4 pick up de platón y 10 motocicletas de 250cc. con el objeto de dotar a la Fuerza Pública de medios de transporte terrestre para patrullajes rurales y fortalecer la seguridad ciudadana; se pagó un mayor valor. Eso tras comparar el valor ofertado en el contrato celebrado con una persona natural, con los precios del mercado certificados por la concesionaria Vehillanos Toyota y Casa Japonesa Yamaha, en donde se evidenció un sobrecosto de $212.592.104.

Para la Procuraduría Provincial de Villavicencio, fallador de primera instancia, el oferente seleccionado "no tenía reconocida trayectoria en la distribución de automotores, pues carecía de vinculación comercial con este tipo de negocios".

Con este comportamiento los disciplinados incumplieron el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, en cuyo parágrafo del inciso segundo contempla que “(...) en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.

Así mismo, a juicio del Ministerio Público, "transgredieron el principio de responsabilidad de la contratación estatal previsto en el numeral primero del artículo 26, de la Ley 80 de 1983 que establece que 'los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato'".

La Procuraduría calificó las faltas de los exfuncionarios como "gravísimas cometidas a título de dolo", por cuanto "actuaron de manera consciente y deliberada al emitir unos estudios previos materializados en el Contrato 077 de 2015, en los cuales quedaron consignados sobrecostos evidentes que afectaron las finanzas del municipio".

El Ministerio Público compulsó copias a la Provincial Villavicencio para que investigue la destinación y disposición final y real, que se dio a los elementos adquiridos.

Contra esta decisión la defensa interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional del Meta.

Habían sido acusados de haber elegido irregularmente al nuevo personero de la población metense. El procurador Nelson Rodríguez aceptó los argumentos de los acusados y falló a su favor. La veeduría ciudadana que interpuso la denuncia anunció que apelará ante la Procuraduría Regional dicha decisión


A favor de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Rico, Meta, falló en primera instancia la Procuraduría Provincial de Villavicencio una denuncia interpuesta por la veeduría ciudadana local en la cual hacía referencia a unos presuntos vicios de legalidad en la elección la personera municipal Alejandra Arboleda Corredor.

William Ospina, vicepresidente del Concejo Municipal de Puerto Rico dijo a Stereonoticias que el personero anterior, Juan Carlos Camacho, había renunciado generándose una anomalía atípica “pues no había una lista de elegibles y el concejo entró en un “viacrucis” para suplir la vacancia provisionalmente a través de la recepción de hojas de vida”.

El procurador Rodríguez les aceptó los argumentos diciendo que, como Puerto Rico es un municipio categoría 6, significa que no maneja recurso alguno y, dada la atipicidad de la ocasión, “la norma no esclarecía ningún protocolo a seguir en ese aspecto”.

Y es que, según Ospina, la corporación ofició a diferentes entidades de control e incluso a la ESAP exponiéndoles su dificultad y pidiendo ayuda al respecto recibiendo respuesta negativa.

Luis Fernando Cabrales, veedor ciudadano de Puerto Rico y quien entabló la denuncia, dijo que “la ritualidad de proceso no se cumplió” y por eso instauró la denuncia ante la Procuraduría Provincial. Dijo que le parecía “sorprendente” que ésta fallara en su contra.

Luis Fernando Cabrales, veedor ciudadano de Puerto Rico

Asimismo, dijo que la naturaleza irregular del procedimiento de elección se debió a la “falta de planificación en derecho” pues toda entidad del Estado debe tener recursos para eventualidades.

Por último, dijo que va a verificar qué puede hacer legalmente para llegar a la segunda instancia. Igualmente, afirmó que él “no encuentra congruencia” en las palabras procurador Rodríguez en el fallo pues, dice, que el procurador aseguró que la veeduría podía acceder al recurso de apelación en la audiencia, pero, “dado que nadie sabe cuál será el resultado del fallo, pues yo no tenía la apelación lista”.

En charla sostenida con Stereonoticias, la secretaria municipal de Gestión Social y Participación Ciudadana Maritzabel Ramírez Gómez tuvo la oportunidad de dar a conocer su versión sobre  una investigación disciplinaria en contra ella y otros dos altos funcionarios de la Alcaldía Municipal.

Sobre los bonos dijo lo siguiente: "La Alcaldía de Villavicencio tiene una alianza estratégica con la fundación Consolidarte, entidad que apoya para la entrega de los regalos de los niños en diciembre, que distribuimos desde noviembre para niños de las instituciones públicas y privadas, actividad que venimos haciendo durante todo el gobierno, en donde se reparten más de 60.000 regalos en todas las escuelas y centros de desarrollo infantil". Aseguró que "el recurso que se recauda,  no sale de la Alcaldía, sino de de la solidaridad de las personas que a través de un bono contribuyen para que la fundación haga el aporte de los regalos"

Recordemos que la Procuraduría anunció que abrirá investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Administración Local por “presunta participación indebida en política” pues al ministerio público habían llegado denuncias en las cuales los contratistas dependientes de las mencionadas oficinas se quejan de que les exigen "participación y colaboración activa en forma de reuniones políticas y en pago de ‘'bonos de solidaridad’ que ascienden a la suma de $500.000 para financiar la campaña de un candidato a la Alcaldía. De igual forma, estarían imponiendo el apoyo a un candidato a la Gobernación del Meta, so pena de no renovar o poner trabas a los contratos”.

Martizabel Ramírez Gómez hace referencia a los "bonos de solidaridad indicando que  "cualquier ciudadano que se sienta con la capacidad y la voluntad de hacer esta compra los adquiere". agregó que "desde la Secretaría pedimos que nos apoyen o apoyen la causa, como funcionarios compramos los bonos".

Sobre supuesta presión para que compren los bonos pare temas políticos, aclaro que: "No eso no tiene nada que ver, realmente considero que es una calumnia total porque nada tiene que ver, sino que la época electoral coincide con la actividad del bingo para recoger los fondos y creo que se aprovechan para hacer una mala propaganda, para enlodar el nombre del gobierno y de los funcionarios, que estamos trabajando en beneficio de la población de Villavicencio".

"Desde el primer año del gobierno, venimos realizando la entrega de los regalos a las niñas y niños de las instituciones educativas públicas". "La intención y el objetivo de los bonos es recaudar dinero exclusivamente para los regalos de los niños, actividad que realizamos año a año, en los meses de noviembre y diciembre", puntualizó Ramírez Gómez. 

"No estamos apoyando a ningún político, le aclaramos a la opinión pública que realmente el tema de los bonos, no tiene nada que ver con proselitismo, ni ejercemos coacción para un voto, nada tiene que ver la política con el beneficio de los niños, solo que coincide con la época electoral, esta labor no no la inventamos para el proceso político" aseguró la funcionaria. 

Esto por presunta participación indebida en política y presión a contratistas para apoyar a ciertos candidatos específicos a la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta


El procurador provincial de Villavicencio, Nelson Rodríguez Balaguera, ha decidido en las últimas horas abrir una investigación disciplinaria a tres altos funcionarios de la Alcaldía de la capital del Meta: Maritzabel Ramírez Gómez, la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana; Mónica Liliana Avellaneda Barrera, directora de Ordenamiento Territorial y Nelson Rodríguez Ortiz, Secretario de Planeación por “presunta participación indebida en política”.

Esto tiene origen en quejas conocidas por el Ministerio Público en las cuales se especifica que los funcionarios anteriormente mencionados “estarían convocando contratistas dependientes de sus despachos para exigirles participación y colaboración activa en forma de reuniones políticas y en pago de ‘'bonos de solidaridad’ que ascienden a la suma de $500.000 para financiar la campaña de un candidato a la Alcaldía. De igual forma, estarían imponiendo el apoyo a un candidato a la Gobernación del Meta, so pena de no renovar o poner trabas a los contratos”.

Los nombres de los candidatos a quienes se estaría obligando a los contratistas a apoyar hacen parte de la reserva del sumario del caso.

Según las quejas allegadas a la Procuraduría Provincial de Villavicencio, estos hechos “representan una grave vulneración de los derechos de los contratistas” pues ellos “manifiestan no aguantar la presión y coacción a la que se están viendo sometidos, por cuanto serían constantes los regaños y exigencias para que publiquen en sus perfiles de redes sociales y salgan a la calle a promocionar causas políticas”.

La apertura de esta investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado.

Esto por presuntas irregularidades en la liquidación de un contrato


La Procuraduría Provincial de Villavicencio decidió abrir en las últimas horas una investigación disciplinaria a Carmen Sofía Motta Sepúlveda, ex gerente de la Empresa Social del Estado ESE de Villavicencio.

De acuerdo con el Ministerio Público, esto tiene origen en un informe de un servidor público radicado en la Procuraduría el 17 de junio de 2019 en donde se quejaba de unos hechos ocurridos el 30 de enero de 2017.

De acuerdo con el informe, la entonces gerente de la ESE Municipal habría cometido "irregularidades en el acta de liquidación de un contrato" sin dar más detalles sobre el particular. 

En todo caso el objetivo de esta apertura de investigación disciplinaria en la Procuraduría Provincial de Villavicencio es verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado.

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