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A quince años y diez meses condenó un juzgado de Villavicencio al mencionado ex jefe paramilitar por un asesinato ocurrido en 2003 en la capital del Meta


Mediante la figura de sentencia anticipada, el Juzgado Tercero Penal Circuito de Villavicencio con funciones de conocimiento, condenó a quince años y diez meses de prisión al ex jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario" o "El Viejo", por el homicidio de Rodolfo Alonso Villa Zea, ocurrido el primero de julio de 2003 en el barrio El Porvenir de la capital del Meta.

Según la Fiscalía, la víctima fue baleada por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta cuando se encontraba en la acera de su vivienda conversando con algunos de sus familiares. Los victimarios lo señalaron de pertenecer a las Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo ilegal que estaba en conflicto con el Bloque Centauros de las Autodefensas, cuyo máximo cabecilla financiero era alias "Don Mario".

Rendón Herrera, de 54 años de edad y extraditado a los Estados Unidos el 23 de abril de 2018, aceptó su responsabilidad en el hecho por línea de mando y se acogió a la figura de la sentencia anticipada para obtener una rebaja de pena.

Por los mismos hechos ya fueron sentenciados Miguel Rivera Jaramillo, alias "Wilson", quien ordenó el homicidio; Francisco Antonio Arias, conductor de la moto usada para el crimen; y Ruberney Ospina, alias "El Escolta", quien disparó en contra del hoy occiso.

En la actualidad, alias "Don Mario" paga numerosas condenas por más de 48 conductas delictivas cometidas en la región de Urabá y el departamento de Meta, zonas en las que fueron asesinadas 26 personas, tres de ellas adscritas al Gaula de la Policía Nacional.

El sentenciado se desmovilizó con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas y fue excluido de la Ley de Justicia y Paz el 9 de septiembre de 2013.

Pese a que el procesado está fuera del país, la Fiscalía y su defensa avanzan en la acumulación jurídica de otros casos con fines de sentencia anticipada, donde se incluyen 59 procesos y más de 200 hechos cometidos en los Llanos Orientales.

La Sala Penal de dicha Corte encontró a Raúl Hernán Ardila Baquero culpable del delito de prevaricato por acción agravado. La pena incluye inhabilidad para ejercer cargos públicos por siete años y seis meses además de una multa de 70 salarios mínimos


Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocaron la absolución que había favorecido al juez Raúl Hernán Ardila Baquero, y lo condenaton a la pena de prisión de cuatros años y seis meses.

El juez Ardila, quien actualmente se desempeña como Juez Segundo de Control de Garantías de Adolescentes en Villavicencio, deberá pagar igualmente una multa superior a los 50 millones de pesos (70 SMLMV) y además afronta una inhabilidad de 90 meses para ejercer cargos públicos.

El juez fue encontrado por los magistrados responsable del delito de prevaricato por acción agravado, por hechos en los que incurrió durante el ejercicio de sus funciones en Villavicencio. 

La decisión que priva de la libertad a Ardila se da luego de la apelación interpuesta por un fiscal del Grupo Especial Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, creado especialmente para investigar posibles delitos cometidos por funcionarios judiciales.

La absolución que revocó la Corte había sido proferida por una Sala de Conjueces del Tribunal de Villavicencio. Sin mebargo, para el ente acusador tal determinación desconocía las pruebas presentadas contra Ardila. Según se precisa, Ardila revocó la medida intramural que le había impuesto a Carlos Barrera Alfonso, alias ‘Ingeniero’, presunto cabecilla de la banda criminal Libertadores del Vichada. ‘Ingeniero’ estaba siendo investigado por el homicidio de cuatro personas y por los delitos de tráfico y/o porte de armas y concierto para delinquir. Los hechos que rodearon estas acusaciones ocurrieron en febrero 2012 en zona rural del municipio metense de Puerto Gaitán.

Contra Ardila Baquero el Tribunal Superior de Villavicencio adelanta otro proceso debido a que el 31 de diciembre de 2013 le otorgó casa por cárcel a Edison Guillermo Velásquez Álvarez, alias ‘Farid’, otro supuesto cabecilla de la misma banda criminal.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio ordenó, asimismo, su captura. El sujeto se encuentra evadido de la justicia


Patricia Rodríguez Torres, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibíades Vargas Bautista, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, confirmaron en segunda instancia la condena que por la comisión de los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo y falsedad material en documento público fallara contra Miguel Augusto Castro Peña el Juzgado Segundo Penal del Circuito de descongestión de la capital del Meta el pasado 30 de septiembre de 2013.

Sin embargo, los togados modificaron la condena pues la sentencia en primera instancia, de trece años y nueve meses de prisión, la aumentaron a quince años y tres meses, adicionándole inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas por doce años. 

Al ex tesorero del Instituto de Turismo departamental se le acusa de haber defraudado al mismo durante 2009 y 2011 por más de 1.658 millones de pesos. El CTI estableció la vinculación del condenado con los manejos irregulares de ese dinero con transferencias que, al parecer, se habrían realizado a cuentas personales.

En la sentencia, los magistrados ordenaron capturar a Castro Peña ya que él se encuentra evadido de la justicia en estos momentos.

El fiscal condenado también deberá pagar una multa pecuniaria considerable. Su defensa apelará ante la Corte Suprema de Justicia


Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio han proferido sentencia condenatoria contra el fiscal Óscar Fernando Albán Caicedo por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, prevaricato por acción y asesoramiento ilegal.

En el fallo también quedó estipulada su interdicción para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado por seis años y tres meses y una multa pecuniaria de más de 368 millones de pesos.

Esto debido a hechos ocurridos en 2015, 2016 y 2018 en Villavicencio que involucraron al entonces Fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata; su compañera sentimental, Solandy Parra Gómez, y el abogado Nelson Gómez Hernández.

La interceptación de comunicaciones habría evidenciado que el abogado Nelson Guzmán Hernández se comunica con Solandy Parra Gómez, esposa del entonces Fiscal 17 para presuntamente acordar los términos y la cuantía a recibir por otorgar órdenes de libertad y detención domiciliaria a potenciales clientes.

En una de las llamadas entre el abogado Guzmán y Parra Gómez, este le dice que ya habló con el amigo (el fiscal) para darle la libertad a dos mujeres, por la que había pedido cinco millones de pesos; que se había rebajado a cuatro pero que finalmente le ofrecieron tres millones y que como no podían quedar ‘blanquiados’ les había dicho que sí, así como se había comprometido a devolverles una moto incautada.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los implicados cargos por concierto para delinquir —como autores— en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo y sucesivo con cohecho propio, asesoramiento ilegal y prevaricato

El ex fiscal Albán se encuentra privado de la libertad y le asisten recursos de ley para apelar el fallo condenatorio ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, el juez y presbítero Arnulfo Vega Rodríguez fue sentenciado por los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio a la pena de siete años de prisión domiciliaria. Asimismo, la sentencia también especifica que fue condenado a ocho años y cinco meses de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.

Esto debido a hechos ocurridos en agosto de 2014 cuando el entonces juez promiscuo del municipio guaviarense de El Retorno se había ausentado de sus labores "sin los permisos ni las justificaciones exigidas", sin embargo, según la investigación, el funcionario habría suscrito cuatro decisiones judiciales fechadas en los días 19 y 21 de agosto de 2014, días en los que estuvo ausente del despacho. 

Por esta razón, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Meta lo sentenció a siete años de prisión domiciliaria.

Por otro lado, los magistrados absolvieron a Vega Rodríguez de otro delito que tenía endilgado: prevaricato por omisión.

 

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