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Sala de Redacción

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El gerente de la Central de Abastos de Villavicencio, José Joaquín Díaz Herrera, le confirmó a Stereonoticias que en ese centro de acopio, los compradores cuentan con precios razonables, alimentos frescos y suficientes, que garantizan la seguridad alimentaria para la Capital del Meta y la región.

Indicó que" Es halagúeño encontrar en la Central de Abastos, un bulto de papa en 28 y 30 mil pesos, que llegó a costar a inicio de la pandemia $ 120.000, la cebolla que llegó a valer $ 5 o 6.000 pesos, hoy está en $ 700 o 800 pesos, y por consiguiente todos los productos con unos precios muy razonables, competitivos y frescos, con una gran ventaja que el abasto en la región ha sido permanente y constante porque las cosechas continuaron su curso normal", enfatizó Díaz Herrera. 

"En diciembre, tendremos la garantía de suficiente acopio de productos, a buenos precios y buena calidad, nosotros en un 50% en productos de tierra fría, nos abastecemos de la Central de Abastos de la Capital del Pías, entonces tenemos esa gran tranquilidad y ventaja, nos llegan alimentos de la cordillera, Chipaque, el Tolima, de Pasto, de los Municipios del Ariari, de Villavicencio y otras regiones del País".

"En un día de mercado como los viernes y el domingo pueden estar llegando entre 700 y 800 toneladas de alimentos a la Central de Abastos de Villavicencio, y en días martes, miércoles y el sábado ingresan 250 toneladas de productos", puntualizó el gerente José Joaquín Díaz Herrera. 

El gerente del Terminal de Transporte de Villavicencio, Alcides Socarrás Jácome aseguró a Stereonoticias que están avanzando en el proceso de reactivación de la entidad y anunció que para finalizar el año, la operación llegará al 70%,  hoy entre el 50 y 55%.

Explicó que: "Durante todos estos meses de pandemia, se ha registrado un impacto importante en todo el transporte intermunicipal, con actores que hoy aún no se reactivan, como el tema de los estudiantes, el sector turístico y operaciones restringidas, que impactan en el número de pasajeros y despachos de vehículos que deben hacer las empresas de transporte".

Explicó Socarrás Jácome, que los ingresos se han reducido en más de un 40% con respecto al año anterior, incluso en  los arrendamientos de locales, con los beneficios que se le han aplicado a algunos arrendatarios de extender el tiempo de pago, ha hecho que la cartera aumente. Este año será complejo al cerrar el ejercicio, trataremos de cerrar con el menor deficit posible, pero vamos a terminar con saldo en rojo,  esperamos tener una recuperación en el 2021".

El gerente Alcides Socarrás, reveló que: "Las perdidas del Terminal de Transporte están hoy en un cifra cercana a los $ 840 millones, hemos dejado de recibir más de $2.300 millones en tasa de uso y gracias a los ajustes en gastos e inversión, hemos podido frenar un poco la perdida".

Confirmó a Stereonoticias que en diciembre se firmará el contrato del proceso de modernización y renovación de la infraestructura del Terminal de Transporte de Villavicencio en su primera fase, para iniciar obras en enero de 2021, que consisten en la remodelación de todas las baterías de baños, taquillas para dar accecibilidad, rampas de acceso para personas con discapacidad, temas eléctricos y aguas por potabilidad y presión y algunos arreglos en zonas comunes, para tener una terminal más cómoda y más segura". 

Los intentos de obstruir el proceso de restitución de tierras, a favor de la comunidad pluriétnica del Resguardo Indígena de Kanalitojo, no fueron exitosos. A pesar del escenario adverso, la Unidad de Restitución de Tierras de la mano de Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Militares y de Policía, lograron realizar la entrega material de 1.300 hectáreas a esta comunidad afectada por la violencia generada por grupos ilegales y la discriminación por parte de algunos sectores de la población. Al final, los hechos fueron la prueba del compromiso de las entidades de Gobierno con el cumplimiento de la Ley y las disposiciones de la justicia.

Con este proceso se acató la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 28 de julio de 2019. En la providencia se reconoció la ancestralidad sobre 1.300 hectáreas, las cuales hoy constituyen el territorio colectivo del Resguardo Kanalitojo, conformado por 227 integrantes de los pueblos nómadas Amorúa, Sikuani y Sáliba. Después de 30 años en la búsqueda de sus derechos territoriales, esta comunidad recuperó su territorio para desarrollar sus prácticas, usos y costumbres.

La entrega se concretó después de un año y medio del fallo en el que fueron ordenados, entre otros aspectos, la revocatoria directa de las adjudicaciones de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Fortaleza 1 y 2 y Curazao; la constitución del Resguardo Kanalitojo y el acompañamiento de la Fuerza Pública a la comunidad beneficiaria.

En la providencia se ordenó a los opositores de los predios Fortaleza 1 y 2 y Curazao salir del territorio. No obstante, ante la renuencia de estos a marcharse voluntariamente, el Tribunal Superior mediante Auto del 15 de octubre de 2020, ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras asumir la logística de la entrega material y, de ser necesario, el desalojo de los opositores.

Para llevar a cabo la diligencia, fue comisionado el Inspector de Policía Municipal de Puerto Carreño que contó además con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo Regional Vichada, la Procuraduría Regional Vichada, la Personería Municipal, la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Vichada, Migración Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario, las Fuerzas Armadas y de Policía, el ESMAD y la Unidad de Restitución de Tierras.

La diligencia se realizó en medio de un ambiente difícil tanto para la comunidad y sus líderes quienes fueron objeto de algunas intimidaciones. Estas conductas se denunciaron formalmente ante la Fiscalía, la Policía Judicial, el Tribunal Superior de Bogotá y demás autoridades competentes con el fin de emprender las acciones que den cumplimiento a las disposiciones de Ley. Con lo anterior, se busca generar nuevas medidas que reafirmen el derecho de la comunidad que integra el Resguardo Indígena de Kanalitojo y su reparación integral tal como lo establece la justicia.

“La Unidad rechaza este tipo de amenazas, presiones e intimidaciones en contra de la comunidad indígena de Kanalitojo y de nuestros funcionarios. Hemos venido acatando las órdenes impartidas por los jueces y magistrados de restitución y en este caso logramos la primera restitución material de un territorio ancestral en la Orinoquía colombiana”, señaló el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton.

Desde la Unidad de Restitución de Tierras seguimos comprometidos con devolver la tierra a sus legítimos dueños, avanzar en la reparación integral de todas las víctimas de la violencia en el país y dar cumplimiento a las órdenes de las sentencias proferidas por los jueces y magistrados.

Dentro del proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara y 234 de 2020, Senado por medio del cual se expedirá el Código Electoral, las comisiones primeras conjuntas, aprobaron el artículo 84 que aumenta la cuota de género, para corporaciones de elección popular.

El artículo que fue aprobado, fue tramitado mediante proposición modificatoria presentada por la senadora de la República Ana María Castañeda y el representante a la Cámara César Augusto Lorduy. El texto es el siguiente:

ARTÍCULO 84. Cuota de Género. En atención a la aplicación progresiva de los principios de equidad de género, paridad, alternancia y universalidad consagrados en los artículos 40, 107 y 262 de la Constitución Política en las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, a excepción de su resultado, incluyendo aquellas relativas a la elección de directivos, cuando las agrupaciones políticas opten por este mecanismo para elección, deberán conformarse por un mínimo de 50% de mujeres, sobre el número de candidatos inscritos a la corporación que se pretenda postular.

 Para las listas de menos de cinco (5) curules, se les aplicará el 30% para la conformación de la cuota de género.

 Parágrafo. Constituirá como causal de revocatoria de inscripción las listas que no cumplan con la cuota de género, estipulada en el presente artículo. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o multas que se puedan interponer a las agrupaciones políticas ante este incumplimiento.

El representante a la Cámara Alejandro Vega Pérez, coordinador ponente indicó que: “La aprobación del artículo 84 dentro del proyecto de Ley que establecerá el nuevo Código Electoral Colombiano, es una buena noticia para la democracia, en las comisiones conjuntas hicimos un gran avance, aprobando una cuota de género del 50% en las listas a elegir más de 5 curules, con eso daremos un salto importante en la equidad de género, en la paridad y la alternancia, para reivindicar los derechos políticos de las mujeres y la participación de ellas en el escenario político”.

En este momento la iniciativa, está en discusión y aprobación del articulado en su primer debate en las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara, luego pasará a las plenarias respectivas.

La Cámara de Representantes, aprobó el proyecto de Ley 280 de 2020, por medio del cual se “reconoce la política pública de hábitat y vivienda, como una política del Estado, que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el País, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos”.

El representante a la Cámara Alejandro Vega Pérez, señaló que: “El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio diseñará los instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que se consideren necesarios, para la asesoría e implementación de programas y proyectos habitacionales que contemplen de manera integral la producción de vivienda en las modalidades de adquisición de vivienda, construcción de vivienda de interés social y prioritaria, mejoramiento de vivienda y entornos rurales dignos orientados a la generación de la oferta requerida para satisfacer los requerimientos del País”.

 “A través de la promulgación de la presente ley, se reconoce a la política pública de vivienda y hábitat como una política de Estado, lo cual representa el entendimiento de la sociedad sobre la importancia que tiene la vivienda y el hábitat de calidad como motor de superación de la pobreza multidimensional y de dignificación de los colombianos”.

El representante del Partido Liberal Vega Pérez, indicó que: “La modernización institucional y normativa contemplada en la Ley, le permitirá a los entes territoriales desarrollar con un mejor marco jurídico proyectos de vivienda, tanto urbanos como rurales”.

La plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó el proyecto de Ley 289 de 2020 y 326 Senado, “por medio del cual se establecen condiciones especiales para la normalización de la cartera de los servicios de radiodifusión sonora de interés público y comunitario y para los operadores del servicio de televisión comunitaria.

El representante a la Cámara Alejando Vega Pérez, señaló que la iniciativa permitirá a las agremiaciones, corporaciones, fundaciones y en general a las ONG, que son beneficiarias que las licencias de concesión, de los servicios de radiodifusión sonora de interés público, por única vez sanear sus deudas frente a obligaciones por concepto de capital, sanciones e intereses.

“Por única vez, los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitario y de interés público y para los operadores del servicio de televisión comunitaria, podrán acogerse a un descuento del ciento por ciento (100 %) de la deuda a su cargo por obligaciones pendientes de pago por conceptos de capital, sanciones e intereses, a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, causadas hasta la fecha de expedición de la presente Ley”.

Vega Pérez, explicó que el alcance de la norma se amplió a la televisión comunitaria, dándole 6 meses al Ministerio de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones para que expida la reglamentación necesaria, para dar aplicabilidad a la normalización de la cartera.

“Hemos trabajado, con las diferentes bancadas de la Cámara de Representantes para lograr este alivio económico para las emisoras comunitarias del País, fuertemente afectadas por la poca capacidad de comercialización e ingresos, a consecuencia de la pandemia del Covid-19”, aseguró Vega Pérez.

El diputado Miguel Osvaldo Avellaneda Lizcano, promovió el debate de moción de censura al secretario de Comunicaciones de la Gobernación del Meta Winston González del Río, que fue aprobada por las mayorías de la Asamblea.

Stereonoticias le preguntó a Avellaneda Lizcano, sobre los argumentos para promover un debate de moción de censora y señaló lo siguiente: "El panorama es bastante triste, escuchamos periodistas de Villavicencio, Granada, Acacias y Puerto López, con un reclamo generalizado por la falta de articulación durante el presente año con la prensa local y regional, un abandono, inclusive según denuncias para una entrevista o solicitar información a los funcionarios no es posible, eso es grave porque estaríamos hablando de una posible censura".

Continúo diciendo el diputado Avellaneda, que: "El cuestionario que se le radicó al secretario González del Río no fue contestado de manera tácita y específica, generando irregularidades, una de ellas la situación compleja jurídica de la emisora de la Gobernación del Meta, frente a la concesión para poder operar. También fue evasivo frente a la articulación y vinculación por parte de la emisora, con los diferentes grupos poblaciones en el Departamento del Meta. Sobre todos esos elementos y la conclusión del debate, propusimos la moción de censura".

El debate de moción de censura al Secretario de Comunicaciones, se realizará el próximo martes 3 de noviembre. De prosperar la moción, si hubiere lugar a ella deberá contar con una mayoría simple de 8 diputados. Sería la primera vez en la historia del Meta, que un funcionario de ese nivel deba dejar su cargo.

En Colombia, la Moción de Censura es un procedimiento poco probable, por las mayorías requeridas y por el manejo del ejecutivo frente a las bancadas.

Conscientes de los enormes desafíos que ha traído la pandemia generada por el COVID-19, Covioriente realizó la entrega de equipos y elementos médicos para ayudar a fortalecer la capacidad de atención de las instituciones de salud en los municipios del área de influencia del proyecto de la Concesión vial Corredor Villavicencio-Yopal.  
 
La selección de los elementos se realizó teniendo en cuenta, la opinión de expertos con base en las necesidades de cada hospital y centro de salud. Fueron entregados monitores de signos vitales, camillas hospitalarias y de ambulancia, cabinas para traslado de pacientes con COVID-19, equipos de órganos, balas de oxígeno, sillas de ruedas, micronebulizadores, fonendoscopios, termómetros infrarrojos portátiles, tensiómetros, detectores de saturación de oxígeno, camas hospitalarias, videolaringoscopio, tapabocas N95 y trajes de bioseguridad. 
 
Los centros hospitalarios el Meta que recibieron estos insumos son: el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital local de Restrepo, la ESE Solución Salud - C.A. Cumaral y la IPS Centro de Salud de Barranca de Upía; en Cundinamarca la ESE Departamental Paratebueno Hospital Nuestra Señora del Pilar; y en Casanare: la ESE Hospital local de Villanueva, el Centro de Salud Sabanalarga, el Centro de Salud Monterrey, la ESE Hospital local de Tauramena, la ESE Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul y la ESE Salud Yopal Centro Hipoterapia.
 
En nombre de los profesionales de la salud, María Alejandra Barbosa, coordinadora del hospital local de Villanueva destacó la importancia de “recibir estos insumos que nos muestran el apoyo porque precisamente estamos atravesando un momento crítico, los casos aún no empiezan a descender en los municipios, a nivel mundial estamos con la alerta de rebrote encendida, entonces es importante no bajar la guardia, seguir cuidándonos y qué más que con estos insumos que son de alta calidad, para poder así nosotros, seguir cumpliendo nuestras labores diarias”. 
 
“Cada elemento contribuye a la prestación del servicio de salud en condiciones seguras y hace parte del reconocimiento de todo el equipo del proyecto Villavicencio – Yopal a la responsabilidad, capacidad y compromiso que realiza el personal de salud en los municipios, es muy importante que el personal de seguridad tenga elementos adecuados para protegerse a sí mismos y puedan cumplir con su misión y servicio a la comunidad” aseguró Óscar Hernández, gerente general de Covioriente. 

Con la firma del gobernador Juan Guillermo Zuluaga y número importante de alcaldes del Meta, fue suscrita una queja dirigida a Carlos Felipe Córdoba Larrarte contralor General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro auditora General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez procurador General de la Nación y Francisco Barbosa Delgado, en la que advierten sobre una supuesta falta de imparcialidad y objetividad del contralor del Meta Carlos Alberto López López.

Stereonoticias, anexa de manera literal el contenido del documento dirigido a los organismos de control: